En la actualidad, la protección del crédito va adquiriendo nuevos matices que frente al marco de las garantías típicas tradicionales abren camino a una serie de figuras con caracteres diferentes y más adecuados a la realidad negocial, respondiendo a la necesidad de brindar garantías más ágiles, de escasa formalidad y bajo costo.
La rigidez del sistema tradicional cede ante las necesidades del tráfico, a través del ejercicio de la autonomía de la voluntad, la cual se plasma en negocios de garantía más flexibles.
Esta flexibilidad se manifiesta en dos planos: a) la posibilidad de otorgar garantía no sólo al tiempo de la celebración del contrato sino también durante la etapa de cumplimiento del mismo y en forma adecuada y proporcional a las circunstancias que lo ocasionan; b) el auge de los negocios jurídicos de garantía autónomos ya sean atípicos o indirectos. En el derecho comparado pueden encontrarse ejemplos de ambos planos: Derecho Norteamericano, (en el Uniform Comercial Code y Restatement Second of Contracts) y el Derecho Francés con la reforma que en el año 2006 introdujo el nuevo Libro IV al Código Civil en el cual se regulan las garantías personales y reales.
Si bien consideramos beneficiosas estas nuevas manifestaciones negociales, deben tenerse presente de manera ineludible las relaciones de integración, funcionamiento y aplicación de los principios contractuales, teniendo preeminencia siempre la norma imperativa o de orden público. Las razones de índole económicas (abaratamiento, mayor flexibilidad y menor tiempo), y, las jurídicas (restricciones en orden a la regulación de los negocios de garantía tradicionales) nos muestran la imperiosa necesidad de replantear la función de estos negocios, y, de integrar la norma convencional al ordenamiento normativo a través de la aplicación de los principios generales del derecho.